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La frenética búsqueda del diputado 99

Después de evaluar varias alternativas para otorgarle poderes legislativos al presidente Nicolás Maduro, el gobierno parece haber encontrado el camino políticamente menos costoso. Este miércoles la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ha pedido al Tribunal Supremo de Justicia un antejuicio de mérito contra la parlamentaria opositora María Mercedes Aranguren, de quien presumen que cometió peculado doloso (malversación de fondos públicos) y se asoció para delinquir en la administración de una empresa inmobiliaria propiedad del Estado venezolano.

Aranguren forma parte de un pequeño partido político, Migato (Movimiento Independiente Ganamos Todos), que hasta 2011 orbitó alrededor del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Desde que su líder, el exgobernador del estado de Monagas —noreste del país— José Gregorio Briceño, decidió acercarse a la opositora Mesa de la Unidad, el chavismo calificó a la formación y a su militancia como traidores. Es un discurso que parte del supuesto de que a todos los cargos públicos ocupados por la militancia se llega gracias a los votos que obtenía el fallecido Hugo Chávez.